J U R I S P R U D E N C I A C I V I L · C O R T E S U P R E M A D E J U S T I C I A
Hipoteca y prescripción extintiva: la ejecución en curso no le corre el reloj al acreedor
A propósito de la sentencia SC5515-2019 de la Sala de Casación Civil: por qué el paso del tiempo dentro del proceso ejecutivo hipotecario no libera al deudor ni cancela el gravamen.
El deudor hipotecario que ve estancado durante años el proceso ejecutivo suele formularse una pregunta legítima: si la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución quedó ejecutoriada hace más de un lustro y el remate nunca se produjo, ¿puede el simple transcurso del tiempo extinguir la acción y, con ella, la hipoteca? La Corte Suprema de Justicia (2019) respondió que no, en una decisión que precisa los límites de la prescripción extintiva frente a la ejecución con garantía real.
1. El caso: veinte años de proceso y un inmueble embargado
Una sociedad constituyó en 1991 hipoteca abierta sobre un inmueble de su propiedad para garantizar cualquier obligación a favor de un banco, gravamen ampliado en 1993. Con ese amparo se obligó en 2001 mediante tres pagarés. Ante la mora, el acreedor promovió en 2002 el ejecutivo con título hipotecario; las excepciones del ejecutado fueron declaradas no probadas en sentencia de 8 de noviembre de 2006, confirmada por el superior el 3 de agosto de 2007, que dispuso la venta en pública subasta del bien gravado.
El remate, sin embargo, no pudo materializarse: sobre el inmueble pesaba un embargo coactivo decretado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de carácter preferente, que solo se levantó en 2014. Entretanto, la deudora promovió en 2013 un proceso ordinario autónomo para que se declarara la prescripción extintiva de la acción ejecutiva derivada de aquella sentencia y se cancelara la hipoteca, invocando el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8.º de la Ley 791 de 2002. El juzgado negó las pretensiones, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó y la Corte no casó la sentencia.
2. El problema jurídico
La discusión se reduce a un interrogante de alcance práctico enorme: ¿desde la ejecutoria de la providencia que ordena seguir adelante la ejecución empieza a correr, en contra del acreedor victorioso, un nuevo término de cinco años de prescripción de la acción ejecutiva?
3. La providencia dictada en el ejecutivo no es una sentencia de condena
El primer pilar de la decisión es de teoría general del proceso. La acción, entendida como el poder de reclamar del Estado la tutela jurisdiccional, no se confunde con la pretensión: es un derecho subjetivo autónomo dirigido a obtener una providencia favorable (Calamandrei, 1986). De ahí el clásico principio de que no hay juicio sin actor ni el juez puede iniciarlo de oficio (Devis Echandía, 1961).
Sobre esa base, la Corte distingue las acciones de conocimiento de las ejecutivas:
Aquellas buscan declarar, constituir o imponer una carga prestacional y estás, las ejecutivas, parten de un derecho cierto e indiscutido y persiguen el cumplimiento forzado.
Por eso la providencia que resuelve las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución no declara derechos, no crea obligaciones ni pone fin al proceso: se limita a reexaminar los requisitos del título y a precisar cómo se verificará el pago forzado. Tanto es así que, cuando no median excepciones, el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil preveía un auto y no una sentencia.
La diferencia importa porque el CGP reserva la calidad de título ejecutivo a las sentencias de condena, cuyos efectos son dobles: declaran el derecho a una prestación y su incumplimiento, y confieren al titular una acción nueva, la ejecutiva (Liebman, 1980). Si la decisión del ejecutivo no es fuente de obligación ni presta mérito ejecutivo autónomo, mal puede afirmarse que desde su ejecutoria nazca un plazo prescriptivo contra quien resultó favorecido con ella (Corte Suprema de Justicia, 2019).
4. Interrupción civil: se produce una vez y permanece mientras viva el proceso
El segundo pilar es la distinción entre suspensión e interrupción. La primera opera de pleno derecho en favor de ciertas personas y solo paraliza temporalmente el término (art. 2530 del Código Civil). La segunda borra el tiempo corrido e impide que el fenómeno extintivo se consolide: es natural cuando el deudor reconoce la obligación y civil cuando media demanda judicial (art. 2539).
La interrupción civil se soporta en la presentación oportuna de la demanda y en la notificación del mandamiento ejecutivo dentro del año siguiente (art. 94 del Código General del Proceso), y solo pierde eficacia en los supuestos taxativos del artículo 95. Fuera de ellos, sus efectos son definitivos dentro del proceso en el cual ocurren, hasta su terminación por sentencia, pago o alguna de las formas anormales de finalización previstas en la ley (Corte Suprema de Justicia, 2013). El acto procesal interruptivo se ejecuta una sola vez: no se renueva ni se agota con la duración del trámite.
5. La prescripción sanciona la desidia, no la dificultad
El instituto consolida situaciones jurídicas prolongadas y suprime la incertidumbre que genera el no ejercicio de las potestades, en beneficio del orden público y la paz social (Alessandri Rodríguez, 1983, citado en Corte Suprema de Justicia, 2009). Su fundamento es sancionar al acreedor indolente (Valencia Zea, 1978) con la pérdida de la acción ocasionada por su inercia (Giorgi, 1981); a quien tuvo tiempo para cobrar y lo dejó pasar, decía Pothier, ya no se le escucha.
De allí que, además del transcurso del término, la prescripción exija una actitud negligente o displicente del titular. En el caso examinado ocurrió lo contrario: el banco pidió el embargo y secuestro del bien, solicitó el embargo del remanente al advertir la preferencia del crédito fiscal, requirió reiteradamente a la administración tributaria y concurrió al juicio coactivo hasta lograr, en 2014, el desembargo del inmueble. La dificultad para rematar no era imputable a su inactividad, sino a una cautela ajena y prevalente.
6. La garantía hipotecaria
La conclusión se proyecta sobre la garantía real por vía de accesoriedad. Lo que se ejecuta no es la sentencia, sino la obligación contenida en los pagarés respaldados con hipoteca; interrumpida civilmente la prescripción de esos títulos y mantenida esa interrupción mientras subsista el proceso, no hay crédito extinguido que permita levantar la cautela ni cancelar el gravamen. Pretender la extinción de las acreencias por el tiempo corrido después de las sentencias del ejecutivo resulta improcedente, porque de ellas no emerge acción alguna a favor del ejecutado.
7. El desistimiento tácito como vía idónea
El magistrado Tolosa Villabona compartió la decisión, pero advirtió que el ordenamiento ofrecía una herramienta específica para lo que la demandante buscaba: el desistimiento tácito del artículo 317 del Código General del Proceso, cuyo plazo de inactividad es de dos años cuando existe sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución. Decretado, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares y se tornan ineficaces los efectos que la demanda produjo sobre la interrupción de la prescripción; decretado por segunda vez entre las mismas partes y por las mismas pretensiones, se extingue el derecho pretendido.
Añadió una precisión de hermenéutica útil: el inciso final del artículo 2536 —según el cual, interrumpida o renunciada la prescripción, el término comienza a contarse nuevamente— recoge la doctrina sentada por la Sala en 1984 a propósito de la interrupción natural y de la renuncia extraprocesal del deudor, no de la interrupción civil producida por la demanda debidamente notificada (Corte Suprema de Justicia, 1984).
8. Lo que debe llevarse el litigante
Primero: el tiempo que transcurre dentro de un ejecutivo hipotecario vivo no corre contra el acreedor que ya conminó judicialmente al deudor. Segundo: la vía para atacar la parálisis procesal no es la demanda ordinaria de prescripción, sino el desistimiento tácito, que sí neutraliza los efectos interruptivos. Tercero: la acusación por violación directa exige aceptar íntegramente las conclusiones probatorias del fallador —aquí, la diligencia del banco—, pues discutirlas torna fáctico el reproche y lo condena al fracaso técnico.
Referencias
- Alessandri Rodríguez, A. (1983). Derecho civil: teoría de las obligaciones. Ediciones Librería del Profesional.
- Calamandrei, P. (1986). Instituciones de derecho procesal civil (Vol. I). Ediciones Jurídica Europa América.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (1984, 28 de febrero). Gaceta Judicial CLXXVI [M. P. J. M. Esguerra Samper].
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2009, 13 de octubre). Rad. 2004-00605.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2013, 9 de septiembre). Rad. 2006-00339 [M. P. J. Vall de Rutén Ruiz].
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2017, 21 de noviembre). SC19300-2017, Rad. 2009-00347.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2019, 18 de diciembre). SC5515-2019, Rad. 11001-31-03-018-2013-00104-01 [M. P. M. Cabello Blanco].
- Devis Echandía, H. (1961). Tratado de derecho procesal civil: parte general (Tomo I). Editorial Temis.
- Giorgi, J. (1981). Derecho moderno: teoría de las obligaciones. Editorial Reus.
- Liebman, E. T. (1980). Manual de derecho procesal civil. Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Pothier, R. J. (s. f.). Tratado de las obligaciones. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
- Valencia Zea, A. (1978). Derecho civil: de las obligaciones (Tomo III, 5.ª ed.). Editorial Temis.
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