Naturaleza del bien objeto de usucapión[1]
P
ara la prosperidad de la acción de pertenencia debe tenerse en cuenta la naturaleza del bien. Dado que de acuerdo con el artículo 2519 del C.C., centenariamente ha plasmado que: “Los bienes de uso publico no se prescriben en ningún caso”. A su vez el Código General del Proceso, impide “La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público.” (art. 375 Num. 4o)
Por consiguiente, están excluidos los bienes del Estado, dentro de los cuales se hallan los de uso publico y los fiscales. Incluso aquellos sobre los cuales hay prohibición legal como las cosas que están fuera del comercio. Según el articulo 63 de la Constitución Política dice que no son susceptibles de comercializarse. De ese modo, es improcedente hacerse dueño de ellos por prescripción: los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás que determine la ley.
Se excluyen a su vez, dijo la jurisprudencia:
- Los que no están dentro del comercio y los de uso publico(arts.2518 y 2519 del CC).
- Bienes baldíos nacionales(art.3°,48 de 1882, arts.61 del Código Fiscal y 65 de la Ley 160 de 1994).
- Los ejidos municipales (art. 1º de la Ley 41 de 1948); d) los de propiedad de las entidades de derecho publico (sentencia de 31 de julio de 2002, exp.5812)[2].
Destino de los bienes fiscales
No están al servicio de la comunidad, sino para la utilización de su titular con miras a realizar sus fines estatales. Independientemente de su connotación de entidad pública. Inclusive, los administra como si fuera un particular, confluyendo en ellos atributos de la propiedad que le permiten gravarlos, enajenarlos o arrendarlos, entre otros actos.
Sin embargo, a pesar de que su uso no pertenece generalmente a los habitantes. Por ese solo hecho no se desconocen las repercusiones favorables que su detentación irroga a todos los ciudadanos. Pues, el propósito de la administración pública es el bienestar común.
Imprescriptibilidad de los bienes fiscales
Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso público como los fiscales están destinados al cumplimiento de los fines del Estado. Por ello son objeto de protección legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Por tal razón, la Constitución y la ley consagran la prohibición expresa de declarar su pertenencia.
Excepción restrictiva de prescriptibilidad de los bienes fiscales[3]
No obstante, hay situaciones en que no es viable aplicar la restricción de la usucapión respecto de los bienes fiscales. Por cuanto ello entrañaría desconocer un derecho legítimamente adquirido, a saber:
Posesión iniciada y consumada antes del 1° de julio de 1971
- “Si la posesión apta para prescribir se inició y consumó antes de entrar en vigor el numeral 40 del articulo 413, hoy 407, del CPC, esto es, el 1° de julio de 1971. Esta excepción se justifica porque, en principio, la ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha permitido el ingreso de un derecho al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para su nacimiento.”
“El pasar por alto esa circunstancia comporta ignorar situaciones consolidadas, que ampara la Carta Política en su articulo 58. Según el cual ‘se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’.
Posesión iniciada y consumada antes que la entidad de derecho público adquirió la propiedad de la cosa
- “Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumplió dentro de la vigencia del citado numeral 40 del articulo 41, después 407 (hoy CGP, Num 4°, art. 375). Pero con anterioridad al día en que la entidad de derecho público adquirió la propiedad de la cosa.”
“Esta segunda excepción busca respetar los principios de la buena fe y la confianza legitima. Pues, para que una situación jurídica o material abordada de cierta forma en el pasado, genere razonables expectativas, debe existir una causa constitucionalmente aceptable que autorice una variación.”
“Igualmente, se previene la comisión de eventuales actos fraudulentos con la transferencia de bienes de particulares a entidades de derecho público. Destinados a desposeer a quien para el momento de la negociación había consolidado su derecho de dominio, faltándole tan sólo su declaratoria judicial.”
Extracto jurisprudencia Corte Suprema de Justicia
[2] SentenciaT-292de 1993.
[3] Extracto jurisprudencia Corte Suprema de Justicia