DERECHO DISCIPLINARIO · TECNOLOGÍA Y JUSTICIA ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FUNCIÓN JUDICIAL

Uso de IA: Los lineamientos éticos que ya son un deber funcional

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial fijó seis lineamientos éticos, precisó qué debe constar en el expediente cuando un despacho usa inteligencia artificial y advirtió que acogerlos es un deber funcional.

DATO JURÍDICO · ANÁLISIS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Una providencia que termina un proceso disciplinario a favor de un magistrado terminó dejando algo más útil que su parte resolutiva: un manual de conducta para todo despacho judicial que use inteligencia artificial. La Sala Dual n.º 005 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aprovechó el caso para fijar seis lineamientos éticos dirigidos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Comisión Nacional de Disciplina Judicial [CNDJ], Sala Dual n.º 005, 2026). La pregunta práctica que sigue es la que importa: ¿qué valor tienen esas guías dentro de un proceso y qué pasa cuando se desatienden?

De la recomendación al deber funcional

C. P. ART. 257A · LEY 270 DE 1996

La Sala es explícita en un punto que suele leerse a la ligera: acogerse a estos parámetros no es una formalidad administrativa ni una simple invitación o exhorto, sino un deber funcional en estricto sentido, orientado a proteger el debido proceso, la independencia judicial, la imparcialidad y la garantía del juez natural (CNDJ, 2026). Esa calificación es la que convierte la guía en materia disciplinariamente relevante: el incumplimiento de deberes funcionales es, precisamente, el eje del ilícito disciplinario.

El punto de partida es la ausencia de ley. Pese a varias iniciativas legislativas y a la Ley 2502 de 2025 —que se limitó a agravar el delito de falsedad personal cuando se suplanta con IA—, el Congreso no ha expedido un marco regulatorio general (CNDJ, 2026). El vacío lo han llenado la jurisprudencia constitucional y la reglamentación de la Judicatura.

El andamiaje sobre el que se apoyan las guías

T-323 DE 2024 · ACUERDO PCSJA24-12243

La sentencia T-323 de 2024 analizó el uso de una herramienta conversacional por un juez de tutela y trazó la frontera: la IA puede emplearse en gestión administrativa y documental, apoyo a la gestión judicial y corrección o síntesis de textos, pero no en las funciones de raciocinio indelegables —interpretar los hechos, valorar la prueba, motivar y adoptar la decisión—, so pena de vulnerar el juez natural y el debido proceso probatorio (Corte Constitucional, 2024). De ahí las tres cargas que hoy se citan en todas partes: transparencia, responsabilidad y privacidad.

El Consejo Superior de la Judicatura recogió esas reglas en el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, cuyos artículos 3.6 y 8.3 prohíben usar IA para la valoración probatoria o la toma de decisiones judiciales (CNDJ, 2026). En el plano internacional, la UNESCO expidió la recomendación sobre ética de la IA y, más recientemente, directrices específicas para cortes y tribunales (UNESCO, 2022, 2026), mientras la Asamblea General de la ONU y el Reglamento (UE) 2024/1689 apuntan en la misma dirección.

Los seis lineamientos

CNDJ · SALA DUAL N.º 005

1. Transparencia: informar de manera expresa y verificable el uso de la herramienta, sobre todo cuando incida en actuaciones o decisiones del proceso.
2. Responsabilidad y control humano: la IA no puede valorar pruebas, hacer juicios de valor, establecer hechos ni resolver problemas jurídicos; la decisión debe ser fruto del análisis autónomo del funcionario.
3. Privacidad: abstenerse de introducir datos personales, sensibles o confidenciales en herramientas que se apropien de ellos, permitan compartirlos o los usen para reentrenar sus modelos.
4. Seriedad y verificación: contrastar toda salida con fuentes jurídicas confiables antes de apoyar en ella un argumento o una decisión.
5. Uso prudente y proporcional: definir la tarea, evaluar alternativas más seguras y abstenerse de emplear chatbots comerciales gratuitos sin garantías de seguridad y trazabilidad.
6. Integridad y atribución: no presentar como propio el contenido generado por la herramienta.

Qué debe quedar escrito en el expediente

CARGA DE TRANSPARENCIA

Este es el aporte más operativo de la providencia. Cuando el uso de IA impacte actuaciones dentro de un expediente, debe dejarse constancia de:

— El nombre de la herramienta, su modelo y la empresa proveedora. La Sala precisa que las implementadas por la Rama Judicial son Copilot Chat y Microsoft Copilot 365, y menciona otras autorizadas.

— La fecha en que fue utilizada.

— La manifestación de lectura, comprensión y aceptación de los términos y condiciones de uso.

— El propósito, el modo de utilización y las instrucciones o prompts empleados.

— La identificación precisa de los apartes generados por la herramienta, diferenciados del texto elaborado por el funcionario (CNDJ, 2026).

Quien no pueda documentar esos cinco puntos, sencillamente no está en condiciones de acreditar que cumplió la carga de transparencia.

Lo que ocurre cuando la guía se ignora

NULIDADES E INEXISTENCIAS

La consecuencia práctica no es abstracta. La Sala de Casación Civil advirtió una equivocación trascendente cuando un tribunal motivó una apelación con dos sentencias cuyo contenido difería del que les atribuyó (Corte Suprema de Justicia [CSJ], Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, 2025). La Sala de Casación Penal constató un borrador con un análisis que, a su juicio, no correspondía a razonamiento humano (CSJ, Sala de Casación Penal, 2025). La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá anuló lo actuado desde la sentencia de primera instancia porque la decisión se fundó en contenidos normativos, jurisprudenciales y doctrinales no verificados (Tribunal Superior de Bogotá, 2025). Y la propia Sala Plena de la Comisión decretó la nulidad de una decisión sustentada en citas jurisprudenciales inexistentes (CNDJ, Sala Plena, 2026).

Las alucinaciones no son un fallo del sistema, sino una consecuencia directa de su funcionamiento normal (Gómez-Rodríguez, 2025).

El fenómeno tiene explicación técnica y no desaparece con la buena fe del usuario. La literatura especializada coincide en que la fiabilidad y verificabilidad son el punto débil de estos sistemas (Zhou et al., 2024), lo que traslada el peso de la verificación al funcionario que los emplea.

Los límites de la propia guía

ALCANCE NORMATIVO

La Sala aclara que estos lineamientos no se contraponen ni adicionan las directrices de la Corte Constitucional recogidas por la Judicatura —que en todo caso deben aplicarse—, sino que las ordenan en forma de principios; y reitera que la competencia exclusiva para regular la materia sigue radicada en el legislador y en el Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la Ley 270 de 1996 (CNDJ, 2026). Es una precisión importante para el litigio: la guía sirve como criterio de valoración de la conducta funcional, no como norma sancionatoria autónoma.

Conviene además dimensionar el problema. Una encuesta de la Judicatura de 2025, con 3.152 servidores, mostró que tres de cada diez ya usan IA para gestión documental, búsqueda jurídica y transcripción (Consejo Superior de la Judicatura, 2025). El destinatario de estas reglas no es una minoría experimental.

Cuatro decisiones para el despacho

CIERRE

Primera: adoptar un formato de constancia con los cinco datos exigidos y usarlo siempre, incluso cuando la herramienta solo corrigió redacción. Segunda: verificar una por una las citas normativas y jurisprudenciales, con el texto de la providencia a la vista. Tercera: no introducir datos personales ni reservados en herramientas que se apropien de la información. Cuarta: recordar que la responsabilidad por la decisión es indelegable, porque ningún sistema comparte la firma del juez.

Referencias

• Asamblea General de las Naciones Unidas. (2024, 21 de marzo). Resolución 78/265.
• Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Sala Dual n.º 005. (2026, 13 de mayo). Auto de terminación, rad. 110010802000 2025 01241 00 [M. P. M. F. Rodríguez Tamayo].
• Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Sala Plena. (2026, 26 de marzo). Providencia rad. 150011102000 2020 00358 01 [M. P. J. A. Sampedro Arrubla].
• Congreso de la República de Colombia. (1996, 7 de marzo). Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia.
• Congreso de la República de Colombia. (2019, 28 de enero). Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario.
• Consejo Superior de la Judicatura. (2024, 16 de diciembre). Acuerdo PCSJA24-12243.
• Consejo Superior de la Judicatura. (2025). Encuesta «Experiencias de Inteligencia Artificial en la Rama Judicial».
• Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323 de 2024 [M. P. J. C. Cortés González].
• Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. (2025, 5 de noviembre). Sentencia STC17832-2025, rad. 110010203000 2025 05001 00 [M. P. A. C. López Martínez].
• Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (2025, 2 de diciembre). Sentencia STP21973-2025, rad. 150.278 [M. P. J. J. Urbano Martínez].
• Gómez-Rodríguez, C. (2025). Grandes modelos de lenguaje: ¿de la predicción de texto a la promesa falsa de creatividad? arXiv:2502.18205 [cs.CL].
• Páez, A., Gutiérrez, J. D., & Acosta-Navas, D. (2025). Hacia una inteligencia artificial centrada en los seres humanos: contribuciones de las ciencias sociales. Revista de Estudios Sociales, 93, 3-18.
• Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 13 de junio). Reglamento (UE) 2024/1689.
• Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. (2025, 2 de diciembre). Providencia rad. 11001610810520140022201 [M. P. J. E. Echeverry Giraldo].
• UNESCO. (2022). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.
• UNESCO. (2026). Directrices para el uso de sistemas de IA en cortes y tribunales.
• Zhou, L., Schellaert, W., Martínez-Plumed, F., et al. (2024). Larger and more instructable language models become less reliable. Nature, 634, 61-68.
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